El gobierno de Pedro Sánchez, más cuestionado todavía tras las averiguaciones en el nuevo informe de la UCO y las afinidades con el «caso Bárcenas»
El PSOE vuelve a estar en el foco controvertido del panorama político español. Nuevamente. En el último informe llevado a cabo por la UCO, en lo referente al «caso Koldo», se revelan incongruencias y pagos indebidamente documentados. Estos pagos no coinciden con lo que, supuestamente, se había declarado previamente. La suma de 95.000€ no corresponde con lo declarado y se abre el camino a una incisión más profunda en la investigación sobre este complejo caso que tiñe de incertidumbre y de confusión una situación que parece muy lejos de quedar resuelta y olvidada de forma definitiva.
Este bache no parece ser algo pasajero ni mucho menos, sino más bien, parece simbolizar el preludio de algo todavía más hondo, revelador y capcioso. El gran afectado de estas últimas averiguaciones es, sin duda, el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Desde su núcleo insisten todavía en la legalidad de la financiación y en afirmar que todo lo concerniente a los trámites está debidamente documentado y explícitamente liquidado de manera coherente y veraz. Sin embargo, la lluvia de contradicciones no cesa: existen ciertas prestaciones de dinero en efectivo hacia Ábalos por parte del PSOE que no aparecen documentadas ni respaldadas por una información específica. Los investigadores han comprobado estas cantidades con distintas imágenes y conversaciones que han quedado registradas y aportadas como pruebas. El detalle radica en que éstas no coinciden con la realidad.

Foto del sobre con pagos de gastos a Ábalos
Dejando las pruebas hacia un lado (pero no por mucho tiempo) y haciendo hincapié en la figura de Pedro Sánchez, todo parece indicar que trabaja deliberadamente en la gestión de encontrar una fecha pertinente para convocar elecciones y mitigar así el impacto judicial con efecto de retrasar todo lo posible la intervención jurídica. Aunque esto parece una carta desesperada que puede, sencillamente, posponer una debacle anunciada. Mientras tanto, PNV y Junts siguen milimétricamente todos los acontecimientos tratando de asimilar la inevitable verdad que ya conocían: la expiración de la legislatura.
Ésta se convertirá en un insostenible edificio que verá carcomidos sus cimientos y bloques antes de 2027 si el terreno judicial continúa sembrando incógnitas más que verdades; corrupción más que honestidad. En el otro lado del charco, PP y Vox acechan a la vuelta de la esquina presionando y alimentando más la incendiaria situación de sus contrincantes, la acentuada crisis de un gobierno vilipendiado por sus irregularidades.
Estos últimos años la política española parece haberse convertido en una especie de contienda donde se pugna por ver quién es capaz de tensar más la cuerda de sus contradicciones y de llevar al país a su antojo por la senda de las contraindicaciones. Pese a la incesante avalancha de rumores, descubrimiento e informaciones, lo que nos queda es la angustiosa pero apremiante espera de toda la verdad que subyace dentro de este caso.




