La educación privada, en el punto de mira del Gobierno tras muchas de las declaraciones manifestadas por sus integrantes en las últimas semanas. El gasto público parece ser un enigma indescifrable para la ciudadanía española
El gobierno parece empecinado, especialmente durante los últimos meses, en apuntar con su extenso dedo índice al sector privado. Desde el púlpito gubernamental de la izquierda se han subido los decibelios contra la enseñanza privada: aseguran que las partidas públicas que van hacia colegios y centros concertados son motivo de escándalo y de reducción urgente. Pero la realidad, cuando se mira el presupuesto con lupa, revela que ese discurso no está en lo cierto. En 2022 el gasto público total en educación alcanzó los 63.380 millones de euros, lo que supone un 4,71 % del PIB. Si se considera que sólo una parte de ese montante se dirige a los conciertos y subvenciones de la enseñanza privada, igual la alarma del Ejecutivo queda más como discurso que como base sólida.
Y es que, según los datos oficiales, las transferencias, subvenciones y conciertos a la enseñanza privada no universitaria representaban en 2022 aproximadamente el 11,8 % del total del gasto público en educación. Es decir: no es que la izquierda tenga razón al señalar que se está “drenando” el dinero público a la privada — sencillamente ese porcentaje es moderado, y está lejos de justificar la campaña de recorte que plantea. Si de verdad parte del Estado del bienestar se hundiera por esa “fuga”, los números lo mostrarían con claridad, lo cual no ocurre.
Peor aún, se comprueba que el porcentaje del gasto educativo que procede del ámbito privado (familias + otras entidades) en enseñanzas no universitarias es del 12 %, frente al 88 % que aporta el sector público. Dentro de ese 12 % privado se incluyen tanto centros concertados como no concertados, lo que demuestra que la mayor carga recae aún en la pública. Ergo, culpar a la privada como sumidero financiero del sistema público no se sostiene con datos: la educación pública sigue siendo la que absorbe la mayor parte del esfuerzo.
En el caso de la Comunidad Valenciana, los datos muestran que el gasto público en educación no universitaria alcanzó los 6.125,6 millones de euros en 2022, lo que representa el 10,9 % del total nacional en ese ámbito. Además, se estima que aproximadamente un 18 % del gasto público en educación no universitaria de la región se destina a conciertos con centros privados — una cifra ligeramente superior a la media estatal (17,1 %) pero no tan elevada como para sostener el discurso de “desvío masivo” de fondos. Este contexto regional demuestra que, si bien la enseñanza privada concertada recibe aportes públicos, no se trata de un drenaje abrumador que justifique sin más la reducción de su ámbito, y refuerza la idea de que el debate exige matices más que ataques con cifras generales.
Desde el punto de vista ideológico, esta obsesión del Gobierno por “docilizar” la educación privada suena más a ataque simbólico que a defensa real del sistema público. Si el colegio privado o concertado recibe fondos públicos, es porque el modelo lo contempla —y no porque suponga la ruina del Estado del bienestar. El discurso oficial olvida que mejorar la eficiencia, el personal, las infraestructuras y reducir la desigualdad en la pública requiere mucho más que recortar lo privado.
Por último, cabe preguntarse: si el Ejecutivo de izquierdas está tan convencido de que la enseñanza privada se lleva “lo suyo”, ¿por qué no se emplea a fondo en fortalecer los colegios públicos, reducir la masificación, ayudar al alumnado con necesidades especiales y otros aspectos no menos relevantes? En su lugar, parecen destinar el valioso tiempo de la gestión política en reducciones que en poco o nada favorecen el impulso de nuestro país.